Si a esto añadimos que en las 4 contratas principales del Ay-untamiento con empresas privadas se gasta en torno a 60 millones de euros, un gasto que incluye, aparte del beneficio empresarial, un elevado coste en impuestos (IVA), que se ahorraría el municipio si fuera el propio Ayuntamiento el que se hiciera cargo de esos servicios. Este gasto desproporcionado está generando una deuda (de más de 200 millones de euros) cuya financiación supondrá un coste este año de 31 millones de euros.

Por otro lado, la amistad entre nuestra alcaldesa y el empresario Enrique Ortiz, beneficiario de varias contratas, y la imputación de ambos en el caso Brugal, la famosa trama de corrupción, convierten los recortes sociales en algo que no deberíamos dejar pasar por alto, sin una masiva denuncia pública.

Este acto de protesta se acompañará de la presentación de una moción por parte de la PACD (Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda), solicitando la moratoria y auditoria de la deuda pública de todas las administraciones.