Se cumple algo más de un año desde que el Tribunal Constitucional de Polonia eliminó uno de los pocos supuestos legales bajo la ya restrictiva ley del país sobre el aborto. Ahora se prohíbe el acceso a este derecho en casi todas las circunstancias. Entre otras cosas, el Tribunal Constitucional polaco decidió ilegalizar el aborto en caso de malformaciones graves del feto, como enfermedad o discapacidad. Un supuesto en el que se amparaba el 97% de los escasos 1.110 abortos legales en el país. Tras la declaración de inconstitucionalidad, solo el incesto, la violación y el peligro para la vida de la madre quedan como razones legales.
La ley, ahora reformada, ya era de las más restrictivas de Europa y se calcula que entre 80.000 y 120.000 mujeres viajan al exterior para abortar. Otras compran pastillas abortivas de forma ilegal o lo realizan en la clandestinidad, con el riesgo que ello conlleva. Los médicos se niegan a practicar abortos por miedo a ser juzgados, a pesar de que la vida de la madre corra peligro. Es el caso de Agnieszka y de Izabela, dos mujeres con complicaciones en sus embarazos que perdieron la vida cuando el personal sanitario decidió esperar a que los fetos murieran para poder extraerlos de sus vientres.
Polonia se distingue así en la UE como el único país miembro en el que este derecho no solo no avanza, sino que retrocede. Dos factores se han conjugado para hacer posible este primer retroceso en derechos reproductivos de la mujer en la historia de la institución: la tradición profundamente católica, por un lado, y las prácticas de un Gobierno conservador que desafía el régimen de derechos y libertades.
Según datos de Amnistía Internacional, más de mil mujeres han recurrido ya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar el derecho a abortar en casos extremos como los dos ocurridos este último año y que los médicos puedan optar por salvar la vida de la madre sin temor a consecuencias legales. Julie Capoulade, activista por los derechos de las mujeres en la organización, señala que «las autoridades polacas deben poner fin a esta situación, revertir la restricciones en los derechos reproductivos de las mujeres y garatizar que se respeten de acuerdo con los derechos humanos internacionales».
«Nosotros, con otras organziaciones internacionales, hemos presentado varias invtervenciones. En ellas presentamos pruebas y analisis basados en el derecho internacional y europeo, siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud, y exponemos las enormes implicaciones que la ley tiene sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas en Polonia», sentencia. Desde Amnistía Internacional exigen «responsabilidad a las autoridades polacas por esas violaciones a los derechos humanos».
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