El Artículo 33 de la Constitución Española reconoce el « derecho a la propiedad privada » y que « nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización… ». Según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en la capital de España hay cinco grupos organizados que controlan las ocupaciones mafiosas en la ciudad, que se calculan en unos mil pisos. Dichas bandas violentas, de distintas nacionalidades, operan en varios distritos y cobran diferentes cantidades de dinero por facilitar la ocupación de viviendas que se venden, alquilan o cuyos propietarios se han ido de vacaciones; cuando los dueños de esas viviendas ocupadas denuncian el hecho, la policía sólo puede decirles que deben iniciar un largo trámite judicial, que puede durar meses, antes de recuperar su propiedad. Debido al aumento de ocupaciones ilegales en nuestro país, se ha creado una empresa en Barcelona que se llama « Desokupa ».
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